Por Juan Pablo Castillo Barbosa
Si bien la historia de los países latinoamericanos no difiere mucho entre sí en su esencia, cada uno de ellos ha construido su sociedad y su política basada en circunstancias o influencias del pasado. Brasil -por ejemplo- se independizó para comenzar una monarquía constitucional, autodefiniéndose como un imperio; Paraguay –por su parte- tuvo la dictadura más larga de Latinoamérica durante 35 años a manos de Alfredo Stroessner; Argentina y Chile tienen similares historias, pero jamás se podrán comparar sus visiones de ver la sociedad, puesto que cada proceso influye fuertemente en la forma en que se toman las cosas.
Las
circunstancias y contextos que han construido la visión de desarrollo de Chile
se basan en explosivas oportunidades de venta masiva de brutos; lo que –cabe
señalar- también ha generado una permanencia inconveniente en la industria
terciaria, sin darle oportunidad a la producción de materiales para avanzar en
industrias secundarias o primarias.
Ahora
bien, la caída de la Unión Soviética y la expansión del Capitalismo, son las
principales razones para que haya quedado arraigado el concepto de desarrollo
económico en Chile -dejando de lado la visión sustentable del mismo- tal como
sucedió en la mayoría de los países donde el sistema de libre mercado irrumpió
sin previo aviso y sin la aprobación popular, para lo cual tuvo que haber
cambios constitucionales profundos.De este modo, la dictadura militar que mantuvo a Chile en la oscuridad democrática por 17 años, instauró la política de captación de capital mediante cualquier costo, comenzando con una carrera de libre comercio y relaciones comerciales con empresas transnacionales, que liberó impuestos a la importación e hizo muy difícil controlar las leyes de sustentabilidad.
Esto
–en primera instancia- hizo que Chile perdiera la oportunidad de incursionar en
la industria secundaria o primaria, como también, perder el poder sobre sus
recursos naturales o la regulación de su explotación. El resultado no tardó en
preocupar a los expertos, pues nuestro país se transformaba en un proveedor de
materiales y brutos de los países desarrollados, quienes –luego de acabar sus
propios recursos- se adueñaban de los nuestros, para seguir su desarrollo
económico.
Asimismo,
junto con una nueva política de explotación de recursos y venta de los mismos a
manos de extranjeros, la entidad armada que lideraba el país se encargó de
estructurar un plan de comunicación que arraigara el concepto de desarrollo
económico basado en el éxito financiero y en las cifras de crecimiento, lo que
se alejaba de la percepción de desarrollo sustentable, dejando de lado las
brechas sociales, la calidad en la educación, los derechos fundamentales y el
cuidado del medioambiente.
La
vuelta a la democracia en manos de la Concertación prometía un cambio
considerable en la visión de desarrollo del país. Lamentablemente, no fue así.
El miedo a no poder demostrar que su gobernabilidad era válida en un mundo
capitalista, hizo que mantuvieran el concepto de desarrollo basado en cifras
financieras –tal como en dictadura- sumergiendo a Chile en una penosa ilusión
de transición, que no hizo más que mantener un sistema que estaba lejos de
aportar en la sustentabilidad para nuestro país.
El
medioambiente, el desarrollo social, la educación y la salud –como derechos
fundamentales en una sociedad justa y en vías de desarrollo- siguieron estando
subyugadas al crecimiento financiero sin límites, como meta principal de cada
uno de los gobiernos post caída de la URSS.
El
resultado está a la vista. En Chile tenemos un concepto muy errado de lo que es
el desarrollo país, pues el crecimiento financiero no incluye una
sustentabilidad paralela, básica en cualquier sistema comercial o social; resta
leer sólo un resumen de los postulados de Smith para darse cuenta que –incluso-
el sistema capitalista considera una sustentabilidad, aunque esta sea posterior
a los resultados: la famosa política del “chorreo”.
Ahora
bien, pareciera que la clase política chilena –en su conjunto- ha olvidado la
sustentabilidad por completo, restándole importancia al presentar sus logros
económicos. Las brechas sociales y económicas en Chile siguen siendo abrumadoras
y la sobreexplotación de recursos naturales de empresas extranjeras pareciera
no importar al Estado; cabe señalar que somos el único país del mundo en el
cual sus recursos naturales son manejados exclusivamente por privados y en
donde ni un centímetro cúbico de agua dulce es de posesión estatal (el 92% está
en manos de la multinacional española Endesa, accionista mayoritaria del
proyecto Hidroaysén).
Finalmente,
es importante señalar que en Chile las políticas de sustentabilidad y cuidado
del medioambiente son precarias y arcaicas -muy distintas a las de países
desarrollados- por lo que los proyectos multinacionales descansan en una
legalidad poco conveniente para el desarrollo eficiente de nuestro país, donde –además-
las iniciativas para conceptualizar un desarrollo sustentable pleno están lejos
de interesar a los políticos chilenos, cualquiera sea su postura ideológica.
* En las siguientes entradas se discutirá el concepto de sustentabilidad como tal, que en los últimos años –por conveniencia de las clases gobernantes- ha sido subyugado a una simplista mirada medioambiental, muy lejana a la realidad.


No hay comentarios:
Publicar un comentario